Contranatura

EL PROBLEMA DE LA INSEGURIDAD CIUDADANA

“El grado de civilización en una sociedad se juzga visitando sus cárceles”

Fiodor Dostoiesvski, La casa de los muertos.

                                                                                                                       Escrito por: Jaime Araujo

Uno de los problemas más acuciantes a resolver en nuestro país no es la inseguridad ciudadana (es sólo el efecto del problema principal) como cotidianamente nos quieren hacer creer las autoridades de turno repitiéndolo incesantemente a través de los medios de comunicación. El autor de Rebelión en la Granja, George Orwell ya nos advirtió que “algo erróneo no se convierte en verdad a base de repetirlo muchas veces”.

Incluso, nos quieren hacer creer o tal vez  algunos así lo asumimos, que el aumento de la criminalidad en nuestro país tiene su causa en el crecimiento económico que vive el país. El autor de La Fiesta del Chivo, Mario Vargas Llosa, declaró para el diario la República hace más de un año que “el precio que naturalmente trae aparejado el crecimiento económico es la inseguridad y la delincuencia” (La República, 17/10/2013). En efecto, semejante despropósito ya había sido ensayado por el entonces ministro de justicia Wilfredo Pedraza cuando dijo, “el incremento de la delincuencia es un fenómeno internacional, especialmente en aquellos países que, como el Perú registran un sostenido crecimiento económico” (El Comercio, 29/07/2013).

Sostenemos que  el problema principal a resolver a fin de reducir el índice de criminalidad es la desigualdad social. La ecuación en simple: cuanto mayor es la distancia entre la minoría acomodada y la mayoría empobrecida mayor es el grado de criminalidad.

Tesis corroborada en la práctica por  las supuestas patrias del libre mercado con mayor desigualdad social en el mundo: Estados Unidos y Reino Unido. Por un lado,  en la  primera, la población carcelaria  aumentó de forma constante desde principios de la década de 1970. En 1978 había más de 450.000 personas en la cárcel, pero en el 2005 ya eran más de dos millones, las cifras se habían duplicado. Por otro lado,  en Reino Unido  los números se han duplicado desde 1990, pasando de alrededor de 46.000 reclusos a 80.000 en el 2007 (Wilkinson y Pickett, 2009: 169).

Algo similar ocurre en nuestro país. El Instituto Nacional Penitenciario (INPE) reveló que en el 2011, los centros penitenciarios contaban con 48.798 internos y actualmente son 71.34. Es decir, hubo un incremento del 46% en 3 años (El comercio, 23/09/2014). Pero también hubo un incremento de la desigualdad social. Una gran mayoría que trabaja cada día más a costa de un sueldo cada vez más miserable y una minoría privilegiada que trabaja cada día menos o no trabaja a cambio de una remuneración exorbitante. Un ejemplo vergonzoso de esto es la abismal diferencia entre el sueldo mínimo de un ciudadano cualquiera, S/ 750. 00 y el sueldo de un Ministro de Estado S/ 30.0000, es decir 40 veces más.

Todo esto es un escándalo, sin embargo nos hemos acostumbrado a verlo como normal. ¿Se puede pedir a una persona que tiene el estómago  y la cabeza vacía, es decir que pasa hambre y  no tiene educación porque su sueldo no le alcanza para cubrir las necesidades básicas de su familia, que oriente su vida acorde a las normas de convivencia social establecidos? Las posibilidades de que alguien en estas condiciones oriente su vida conforme a estándares de convivencia legal son mínimas. De manera que allí donde no existe la justicia social, donde reina la desigualdad, la pobreza, donde predomina la ignorancia y donde se crea en la población sentimientos de inferioridad: las víctimas siempre serán los empobrecidos. No porque sean pobres, pues eso ya es u crimen, sino porque es muy probable que muchos de ellos terminen en la cárcel.

En consecuencia, los legisladores en vez de auspiciar leyes penales más duras, deben saber que la legislación por sí misma, sin programas sociales diseñados para la reducir la pobreza, elevar el nivel de educación y contribuir a la reinserción en la sociedad, sin duda, no obtendrá  resultados o que incluso será contraproducente (Bunge, 2009: 348). Pues, la mejor política en materia de seguridad y de prevención de los delitos  “es una política social dirigida a garantizar los derechos vitales de todos; y que el gasto público necesario para tal fin no ha de concebirse como un costoso pasivo en los balances públicos, sino como la forma de inversión pública más productiva” (Ferrajoli, 2011: 69).

En suma,  la  manera más justa y eficiente de combatir el delito no es endurecer el Código Penal o incrementar la represión policial: esta es la idea bárbara de que la justicia equivale a la venganza. A largo plazo, la manera más eficiente de manejar la criminalidad es atacar las fuentes sociales del delito, tales como las crudas desigualdades en los ingresos, el desempleo y la ignorancia.

Esto de ninguna manera debe ser entendido como una apuesta por la abolición del derecho penal y por consiguiente de las cárceles sin más, sino más bien como una crítica al sistema político vigente, que prioriza reformas legales en detrimento de las reformas sociales. Pues es sabido que la gente vive más sana y más tiempo en las sociedades más igualitarias, tales como las naciones nórdicas, Holanda, Japón, Costa Rica, Uruguay y Cuba, que en las sociedades con grandes desigualdades, tales como Estados Unidos y Reino Unido.

Las estadísticas muestran, en particular, que la desigualdad en los ingresos y bienes es el indicador más fiable y, en consecuencia, un predictor del índice de criminalidad. Por tanto, los políticos de turno deben saber que antes de librar vociferas y tomar medidas contra el crimen, deben acudir a los saberes que nos aportan las ciencias sociales y humanas respecto de las causas de la criminalidad,  en lugar de ensañarse  en la fabricación de leyes cada vez más drástica, particularmente sabiéndose que dichas medidas son inútiles y que la cárcel tal como lo conocemos hoy es una escuela del delito (Bunge, 2008: 49).

Si pensamos en los vistosos incumplimientos de los derechos sociales, en las espantosas bolsas de miseria y en las enormes desigualdades en nuestro país, debemos por el contrario concluir que cuesta demasiado poco, vegosamente poco diseñar políticas sociales (Ferrajoli, 2011: 150) a fin de satisfacer las necesidades básicas de la población, tales como, educación, salud, vivienda, empleo, etc. Pues,  las investigaciones sugieren que a menor desigualdad social menor índice de criminalidad y viceversa.

Finalmente, exigimos que los que tienen en sus manos el diseño de  políticas para la lucha contra la inseguridad ciudadana tomen en cuenta los aportes de las ciencias sociales antes de tomar medidas a espaldas de las mismas. Porque una cosa es enfrentar y resolver un problema en mérito de las investigaciones sociales y humanísticas disponibles y, otra muy distinta es adoptar  medidas que nadie discute para no tener que pensar.

Antes de llegar a tomar medidas contra la inseguridad ciudadana por intuición, costumbre o comodidad, deben saber que el problema principal es la desigualdad social, y que no se logrará más que seguir escondiendo la inmundicia del modelo económico y político vigente, si soslayamos el meollo del problema en cuestión y abrazamos medidas contra la inseguridad ciudadana que no son más que un decorado de teatro para solapar los intereses de unos cuantos.

Referencias bibliográficas

Bunge, Mario (2009). ). Filosofía política. Solidaridad, cooperación y democracia integral. Barcelona: Gedisa.

Bunge, Mario (2008). Filosofía y sociedad. México: Siglo XXI.

Ferrajoli, Luigi (2011). Principia iuris. Teoría del derecho y de la democracia. 2. Teoría de la democracia. Madrid: Trotta.

Wilkinson, R. y Pickett, K. (2009). Desigualdad. Un análisis de la (in) felicidad colectiva. Madrid: Turner.