sábado, 30 de mayo de 2015

¡CELEBREMOS LA DEMOCRACIA!: SEAMOS SUBVERSIVOS


En la alquimia colonial y neocolonial, el oro se transfigura en chatarra, y los alimentos se convirtieron en veneno”.
Eduardo Galeano. Las venas abiertas de América Latina.


                                                     Escrito por Jaime Araujo

Y desgraciadamente, la codicia obsesiva y sin límites de los ricos aliada a la corrupción que practican las autoridades de nuestro país, constituye una mafia para la muerte.   En nuestro país, como en otros, siempre la sangre de los pobres ha sido el fundamento del máximo derroche de unos cuantos. Una minoría de la población disfruta de las mejores viviendas, la mejor educación, los mejores médicos y el mejor nivel de vida. Pero en todo esto hay algo espeluznante que esta minoría no quiere ver:, que sus vidas de lujos y derroche (lo que ellos llaman progreso) está ligado a cómo vive la gran mayoría  de sus conciudadanos.
En todo esto, la ecuación es simple, pero al mismo tiempo horrorosa: el que tiene dinero come, estudia y si se enferma se cura y vive. El que no lo tiene sufre, es condenado a la ignorancia y muere por hambre, o por el anonimato social. Y quien muere de hambre, o es confinado a la ignorancia, en un país con tanta riqueza natural como el nuestro, es víctima de un delito.
En el devenir de nuestra historia, hemos aprendido que la riqueza mineral de nuestro país: Huancavelica, Cajamarca, Cerro de Pasco, la Oroya, entre otros.; ha sido, casi siempre la causa de su desgracia: son los lugares más pobres, contaminados e infértiles. Y con ellos, el 45% de las familias de los niños y jóvenes de nuestro país viven en situación de pobreza y el 19 % en extrema pobreza (Informe de la UNICEF 2014).
Contrariamente, el fundamento del estado republicano y democrático, es la defensa del bien público, la defensa y renovación del interés general, la protección de la nación, la soberanía territorial. Pero resulta que hoy de la república tal cual la heredamos de la revolución francesa no queda más que un espectro; porque habitamos un país donde, “es infinitamente más grave violar una regla de comercio internacional  que un derecho humano” (Ziegler, 2002: 50).
Decimos que vivimos en país democrático, pero me pregunto hasta qué punto es democrático cuando la soberanía de nuestro país se ha convertido en una especie de objeto de museo. Cuando  un pueblo que intenta defender  sus recursos naturales, como es el caso concreto de la provincia de Islay en Arequipa, se habla con desprecio, como gente prehistórica,  incivilizada, que se opone a la modernidad, al progreso (¿Progreso de quién?). Como si este acto de dignidad nacional, o en todo caso, de celebración democrática, que es la intervención ciudadana en la defensa de sus recursos naturales (Protesta social) fuese un signo despreciable de atraso de ignorancia o en el peor de los casos de terrorismo.
No es posible  hablar de un país democráticamente organizado, cuando  depende de las corporaciones y no de la voluntad del pueblo, que hoy en día  son las que dictan las reglas jurídicas, económicas, políticas y hasta morales (Iglesia Católica por ejemplo) que deben practicar nuestros conciudadanos.   Las que nos condenan a trabajar cada vez más a cambio de menos,  a aceptar resignadamente las migajas que caen de las sus  mesas y a mantenernos agradecidos por semejante desprendimiento y compasión cristiana.
¿Cómo se puede hablar de democracia en un país como el nuestro, que premia a los victimarios y castiga a las víctimas en nombre del supuesto progreso; que desprecia los intereses de nuestros pueblos porque no concuerdan con los cánones jurídicos, comerciales que las corporaciones pronuncian por boca de los legisladores y autoridades de turno?
Seamos subversivos, cambiemos el orden que produce miseria y resignación. Nuestra miseria no puede seguir siendo más el fundamento  del derroche y la opulencia de unos cuantos. Nuestra riqueza en recursos naturales no puede seguir generando nuestra  pobreza para alimentar a la prosperidad, el lujo y el derroche de una minoría.
Vistamos nuestra indignación con el lenguaje que dice la verdad y arrojémosla al mundo. Rompamos el terrible silencio de la indiferencia. Pero más terrible, hasta ser delito, el silencio culpable de aquellos que dicen no estar a favor ni en contra del Proyecto Tía María (idiotas etimológicamente hablando). De quienes pudiendo hablar, callan. De quienes sabiendo y debiendo hablar, no lo hacen (académicos, profesores, intelectuales, etc.). De quienes pudiendo rebelarse, se resignan (ciudadanos).
Finalmente,  ¡Compatriotas, conciudadanos! Este 27 y 28 de mayo tomemos las calles y las plazas. El porvenir nos adeuda muchas victorias. Si no lo hacemos será por nuestro consentimiento y el precio a pagar será siempre el mismo: el sufrimiento y la sangre del pueblo. Celebra la democracia, ¡Protesta!



Referencias bibliográficas:
Galeano, Eduardo (2010). Las venas Abiertas de América Latina. México: Siglo XXI.

Ziegler, Jean (2002). Los nuevos amos del mundo y los que les resisten. Paris: Fayard.

miércoles, 27 de mayo de 2015

El estado de emergencia para el gobierno


Escrito por: Cleyder Gonzalo Ludeña
El gobierno ha decidido sacrificar la vida humana en aras de la mera legalidad y de intereses económicos que no son de todo el país, pariendo la muerte de seis seres humanos.
adanos de Yslay dejándolos expuestos a todas las arbitrariedades que pueden cometerse tras cuatro paredes.

El gobierno ha decidido suspender la libertad de reunión, aunque sea de manera pacífica.
El gobierno ha decidido suspender el derecho a tránsito de las personas, sin permitirles entrar o salir de su propio territorio.

En la práctica el pueblo de Yslay pretende ser amordazado, reducido y sometido a una dictadura parcial, sitiados a un campo de concentración donde serán obligados por su propio ejército a hacer una resistencia con escasos recursos por sesenta días más a los sesenta que ya viene soportando.

El desconocimiento por parte de la población, de los ciudadanos, de los derechos que consagra nuestra Constitución y del valor que tiene ésta, hace que, como en este caso, simples mercaderes de frases y fabricantes de artilugios legales manipulen nuestra Constitución a su antojo y según sus burdos intereses, haciendo parecer que la medida adoptada por el gobierno de turno es bajo un manto de legitimidad, lo cual no es cierto.

La Constitución, que quede claro, no es un instrumento del poder de turno o de intereses particulares. La Constitución es la máxima expresión del poder del pueblo que ha quedado consagrado en el tiempo. El pueblo edificó sus postulados en Asamblea Constituyente de acuerdo a lo que consideró mejor para todos, no para unos cuantos.

La Constitución no está al servicio de la expansión económica y social de los capitalistas, ni de los gobernantes. No olvidemos que la lógica del capitalismo nunca fue ni será la lógica de la dignidad humana.

El gobierno se ha creado en base al poder del pueblo para hacer prevalecer los ideales constitucionales, entre ellos el bien común, el respeto de la vida humana y su dignidad, mas no para contradecirlos. El pueblo tiene el derecho de abolir el gobierno que contradice y denigra los postulados constitucionales

martes, 26 de mayo de 2015

Perú, pais de egoístas.




Escrito por: Diego Napán

Decir o hacer algo que no sabemos muy bien por qué dijimos o hicimos puede ser enorgullecedor embarazoso, dependiendo del contexto. Sabía que debía sentirme orgulloso luego de levantarle la voz al chofer de una unidad pública por no querer detenerse en el paradero de la avenida Brasil y dejar a una mayor de edad a dos cuadras de su destino; su excusa era que si parábamos habría más tráfico y que la señora debió haberse bajado antes. Sabía que debía sentirme orgulloso pero, raramente, los usuarios del bus le dieron la razón al chofer y desmerecieron mi posición en defensa de la señora mayor de edad.
Y es que, en cierta forma, el chofer y los apurados usuarios tenían todos, un objetivo en común que era que el bus avance rápido y la señora que quería bajarse en el paradero apropiado entorpecía esta finalidad. El respeto de la voluntad de la señora hubiera sido una decisión ineficiente que era mejor evadir. Esto nos deja una pregunta abierta ¿En verdad los intereses de las mayorías debe hacer que nos olvidemos de los derechos de las minorías? Desde ya debo decir que no: Los países más desarrollados son aquellos que más velan por sus minorías. Los buses públicos tienen espacios especiales y procedimientos únicos para usuarios discapacitados y mayores de edad. Nosotros, en Perú, estamos a muchos años de eso.
Pero el problema es aún más grave y tiene una causa genérica. Esta semana salió una noticia que denunciaba a un vecino de Chorrillos que construyó la escalera al segundo piso de su casa en la vereda pública, obstaculizándola. La noticia fue el inicio de noticias y post en televisión y en redes sociales que denunciaban a numerosas personas que habían hecho lo mismo que el vecino de Chorrillos, desde vecinos normales a instituciones privadas habían construido escaleras y cercas en las veredas apropiándoselas y “ganándole terreno” a la calle.
Esta realidad pone en evidencia algo que percibimos día a día pero no entendemos muy bien y es que el ciudadano peruano promedio es muy individualista y tiene poco respeto por la res pública. Echar basura a la calle, pintarrajear las paredes ajenas o ganarle terreno a la berma pública son actos egoístas en los que nos olvidamos por un segundo que vivimos en un espacio que es de todos y que nuestros actos perjudican a la colectividad.

Este egoísmo, este individualismo exacerbado tiene múltiples consecuencias en nuestra sociedad ulteriormente: La corrupción, el irrespeto de la ley, la poca institucionalidad del Estado, etc. Y esta es justamente la razón por la que el chofer de la unidad pública de la que hablé en el primer párrafo se burló del artículo 42 de la Ley General de Transporte y Tránsito Terrestre que obliga a los prestadores de transporte público a dejar a sus usuarios en los paraderos oportunos. Para ser más preciso, a aquel chofer ¿en verdad le interesaba dejar a sus usuarios con mayor velocidad en sus destinos? Por supuesto que no, al chofer solo le interesaba llegar más rápido a otros paraderos en hora punta, a los otros pasajeros tampoco les interesaba el chofer, ni la señora, ni nadie, solo ellos mismos, metidos en sus teléfonos, riéndose de las inexactas noticias de Tía María y de que alguien por ahí se pasó un semáforo en rojo y mató a un payaso.

sábado, 16 de mayo de 2015

LA PROSTITUCIÓN DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN

Jaime Araujo Frias
jaraujofrias@gmail.com

 


         Nos mean y la prensa dice llueve…
Eduardo Galeano


Y desgraciadamente habitamos en un país periodísticamente emputecido. En el que, entre otros problemas,  la mentira se ha convertido en regla y la verdad en un valor sospechoso. Salvo algunas excepciones, nada se ha prostituido más  que los profesionales de la comunicación: deben informar y desinformas, deben culturizar y embrutecen, deben comunicar la verdad y mienten, etc.
Cabe precisar que el término prostitución tiene una connotación que abarca muchos aspectos.   Lo propio de la prostitución es el desprendimiento de la autonomía, la renuncia al ejercicio libre y deliberado de las pasiones que nacen del cuerpo. La enajenación de la subjetividad: convicciones, valores morales, ideológicos, etc., a cambio de  dinero. En conclusión, los prostitutos (as) no  son dueños de sí mismos, porque  han sido desposeídos del uso independiente, libre y autónomo de su subjetividad (Onfray, 2011: 103). El cual implica dirigir su vida en mérito a sus propias decisiones y no a los quereres de nada ni de nadie

Los medios de comunicación, concretamente los profesionales que la componen en general, se han prostituido porque han renunciado a su conciencia. Reproducen narrativas   orales y escritas para satisfacer a sus postores.  Olvidan que el verbo está al servicio del logos y este a favor del pueblo: su morada primigenia del cual emana la justicia. Así lo entendió Rawls (2010: 17) cuando escribió que “la justicia es la primera virtud de las instituciones sociales, como la verdad de los sistemas de pensamiento”. Las palabras brotan de su boca, pero expresan la voz del verdugo, los intereses de las corporaciones, de los amos del país. No se detienen a preguntarse a favor de qué están realmente y qué están dispuestos a defender por sí mismos como algo propio (Nussbaum, 2005: 51). En suma, podemos decir que son como instrumentos en los que el mercado (capitalismo) toca su melodía, o como las antiguas máscaras teatrales por donde habla la voz del tirano y el público ingenuo se deleita.
Las consecuencias son perniciosas. Los profesionales de la comunicación al mentir acerca de lo que realmente ocurre en nuestro país, contribuyen a dar forma a nuestras percepciones sobre los problemas de sociedad. El conciudadano incauto (mayoritariamente) se convierte en  víctima de lo que se ha dado en llamar armas del engaño de masas (Bunge, 2007: 16). Es un sujeto sujetado por una especie de chaleco de fuerza de mentiras que le impide ver lo que pasa en sus narices. Y vive  considerando que las cosas están bien como están, y que en consecuencia, no hay nada por  cambiar, sino todo por aplaudir.
De manera que desvelar las mentiras que se oculta detrás de las pantallas, de los micrófonos, panfletos, etc., es un imperativo de quienes aún defendemos el valor de la verdad y pensamos que con un poco de atrevimiento y dedicación es posible comunicarla: el logos  debiera ser vestido con las alas del lenguaje que dice la verdad y arrojarse al mundo a fin de posibilitar la vida y no ser teñido de mierda por unas cuantas caricias monetarias.
Si esto no ocurre, ¿qué hacer? No lo sé exactamente. Tal vez impedir que los absurdos, las mediocridades, las estupideces se justifiquen en nombre de la verdad, que no es otra forma de decir la razón, se me ocurre, ¿Cómo? Desacreditándolas, atacándolas, cuestionándolas, haciendo de ellas algo vergonzoso. A un a riesgo de que por nuestro accionar seamos tenidos por algunos (los dueños del Perú) como arrogantes, o incluso, como un peligro para el progreso de nuestro país.
En última instancia, no declinando jamás a pensar y a decir lo que pensamos. Y definimos al pensamiento como discernimiento, a este como crítica, y a la crítica como el fundidor por el que pasa el lenguaje y es depurado de sus inmundicias hasta quedar un resto sustancial: verdad. O, para decirlo poéticamente, no callando jamás “hasta que un puñado de tierra nos tape la boca…, Pero ¿es eso una respuesta?” (Heinrich Heine, Lázaro).

Referencias bibliográficas:
Bunge, Mario (2007). A la caza de la realidad. La controversia sobre el realismo. Barcelona: Gedisa.
Nussbaum, Martha (2005). El cultivo de la humanidad. Una defensa clásica de la reforma en la educación liberal. Barcelona: Paidós.
Onfray, Michel (2011). Política del rebelde. Tratado de resistencia e insumisión. Barcelona: Anagrama

Rawls, John (2010). Teoría de la justicia. México D.F: Fondo de Cultura Económica. 

miércoles, 13 de mayo de 2015

¿LA MINA TRAE DESARROLLO?

Animal Político

                                                                                                      Escrito por: Cleyder Ludeña
Es paradójico, por no decir absurdo que en las regiones donde hay una fuerte inversión y actividad minera, haya una pobreza generalizada y extrema. Por ejemplo, las regiones con más presencia minera, que reciben un canon minero elevado y donde supuestamente debería haber un elevado desarrollo son[1] Ancash, La Libertad, Tacna y Cajamarca, y en menor medida Ayacucho y Huancavelica. Estos son focos mineros pero a la vez son focos de pobreza y pobreza extrema pues según estadísticas del INEI[2], lideran la lista de pobreza Cajamarca y Ayacucho donde una de cada dos personas es pobre, seguido de Amazonas, Pasco y Huancavelica donde hay un promedio de 45% de pobreza.
Esto demuestra que en la realidad dura y pura las grandes empresas mineras como la Southern Perú Cooper Corporation, Antamina S.A, Minera Yanacocha, sólo se dedican a extraer la materia prima sin aportar al desarrollo sostenible de los pueblos donde realizan su actividad lucrativa y altamente contaminante.


Uno de los deberes primordiales del Estado es promover el bien común que implica cubrir (por lo menos) las necesidades básicas y urgentes de los peruanos y no como se viene haciendo, inyectando capital e inversión en la macroeconomía del país para que luego ésta se pierda como humo después de haber servido a las egoístas pretensiones de la corrupción y el despilfarro de la cúpula del gobierno. El bien común que prevé la Constitución debe hacerse real y patente en todo el territorio nacional, debe ser equilibrado y sin que ello signifique un detrimento o lesión a los derechos humanos. Por algo la Constitución consagra en su artículo 44 que “Son deberes primordiales del Estado: defender la soberanía nacional; garantizar la plena vigencia de los derechos humanos; proteger a la población de las amenazas contra su seguridad; y promover el bienestar general que se fundamenta en la justicia y en el desarrollo integral y equilibrado de la Nación".

 Los años y la realidad han demostrado la falacia del argumento de la inversión para el desarrollo. Las  inversiones únicamente han beneficiado a los sectores que menos necesitan en detrimento de los que menos tienen, condenándolos a vivir en lugares contaminados, limitándoles su derecho a sembrar su tierra, y todo ello con el asentimiento de los demás peruanos bajo un manto de falsa democracia y constitucionalidad, de falso desarrollo, porque ni es desarrollo, ni integral ni equilibrado.

¡Mina no! ¡Agro y educación sí!



lunes, 11 de mayo de 2015

Inversión ¿esa fe practicamos ahora?


DAGUERROTIPO


                                                             Escrito por: Boris M. Apaza


Los últimos acontecimientos me dejan más preguntas que respuestas. No es solo si Tía María va o no va. La discusión académica genera dos planos, el contexto económico nacional y la situación particular.

Perú, como país emergente, es una República Empresarial, donde está muy de moda creer/pensar y justificar en el libertarismo. Por dos razones enfatizadas por el politólogo Dargent[1] , primero: la intervención estatal perjudica porque afecta la propiedad de quienes la ganaron con esfuerzo, en segundo lugar: si el Estado interviene, el resultado será malo.

Esta forma de razonar, tan impregnada en las élites de gobierno,  permite que el poder político  emita leyes con apellidos de empresas o defienda proyectos de inversión privada. De estos últimos se dice que crearán mucho trabajo, mantendrán un PBI alto y reducirán la desigualdad.  Imponiendo rudamente este argumento como condición necesaria para combatir  otros problemas: educación de baja calidad, salud precaria.

En medio de esa defensa surge la cuestión: ¿Hacia dónde va el Perú? ¿El progreso se logra con la inversión automáticamente? El laissez faire peruano de la última década no ha mejorado la calidad educativa, aumentó el cemento en nuestras ciudades y engordamos un poquito-muy positivo, sin duda. El Perú mantiene problemas de fondo, da cabida a la informalidad para que mucha gente- con esfuerzo – entre a la aplaudida clase media, en tanto el poder político que dirige a este Perú asegura contratos a través de e-mails entre ministros y gerentes empresariales.

La minería, siguiendo el ejemplo de Tía María, contextualizada en el catequismo inversionista del poder político quiere ser impuesta  con tozudez  bajo el argumento de la inversión. No hay otro discurso, el poder político demuestra sus limitaciones de desarrollar la agricultura (u otras actividades económicas) – para ejemplificar véase las cifras que presenta Humberto Compodónico[2]. Para quienes no saben Arequipa es la región del Perú que ocupa el primer lugar en Valor de Producción Agrícola por Hogar.

Socialmente existe una división- no polarización- mientras algunos caminan por la Plaza de Armas de Arequipa murmurando que la mina es progreso, el Valle de Tambo arde tenazmente y sus manifestantes están cumpliendo su huelga de hambre en la esquina de la plaza.  El promocionado discurso inversionista no es exclusivo de las elites gobernantes. El Nobel Vargas Llosa[3] también lo respalda, en su último artículo aborda sobre el Perú visto desde el interior y del exterior, aplaude el mayor logro del Perú:un amplio consenso nacional a favor de la democracia política y la economía de mercado”.  Sin embargo, hechos sociales como las protestas (Conga, el Aymarazo, Tía Mariazo?) son una daga a la receta de economía de mercado del FMI, así también  el sufragio, en el cual -generalmente- gana “la transformación” son síntomas de que algo no marcha bien en esta economía de mercado. No estaría muy seguro que el ciudadano de a pie concuerde con la economía de mercado. 

¿Seguiremos apoyando a la inversión con un Estado náufrago mono-discursista? 







[1] La República (09/05/2015)

[2] Publicado en La República (11/05/2015) “el agro en la cola” http://www.larepublica.pe/columnistas/cristal-de-mira/agro-en-la-cola-11-05-2015



viernes, 8 de mayo de 2015

En defensa de la protesta



EN DEFENSA DE LA PROTESTA
“Donde irradia un foco de luz, donde se derrumba una preocupación o un error, donde surge algo que sublima el pensamiento y ensancha el corazón, estemos seguros que ahí corrieron sudor y la sangre de algún irrespetuoso y de algún rebelde”.
Manuel Gonzales Prada. Pensamiento y librepensamiento.




Escrito por: Jaime Araujo


¿Cuándo la protesta se justifica? Cuando un gobierno carece de legitimidad política y moral. Por un lado,   un gobierno es políticamente legítimo  si  trabaja por  los intereses por los cuales la población lo eligió. Por otro lado, si gestiona los destinos de un país socavando y atropellando valores y principio tales como: la cooperación, solidaridad, gratuidad, lealtad, etc., sobre los cuales se ha cimentado el ejercicio de la ciudadanía y en consecuencia las relaciones sociales de convivencia, se dice que es moralmente ilegítimo (Bunge, 2009: 344).
Cuando esto sucede, la protesta es una exigencia moral.  Es una alternativa que existe  desde que existe una organización política y el derecho. Podemos decir que se remonta a la edad antigua. El precedente clásico, el caso de Antígona: expresa que los mandatos injustos de la autoridad  carecen de fuerza de obligar. La autoridad  no puede obligar cuando la política y la moral  la deslegitima, porque antes de toda legislación, priman las obligaciones políticas y morales.
Protestar significa  perturbar, cuestionar,  reclamar por algo  que legítimamente nos corresponde, y a la vez, impugnar, rechazar lo que arbitrariamente se nos ofrece  o impone desde el poder  Estatal en complicidad con el 1% de personas que viven gracias a la explotación y miseria de ese otro  99% de ciudadanos (Stiglitz, 2012: 16). Antes de que una autoridad pueda obligar debe ser política y moralmente legítima, es decir debe estar al servicio de los intereses vitales de la población.
En nuestros días,  el ejercicio de la protesta es de  vital importancia para la convivencia social democrática. En razón de que si delegamos la gestión de la educación, salud, economía, la administración de justicia, el “uso de la violencia en el Estado” (Weber, 1972: 839. El deber que nos compete como ciudadanos  es intervenir a través  de la protesta cuando este encargo no responda a los intereses vitales de las grandes mayorías.
Pues de otro modo, todos los derechos históricamente conquistados casi siempre a través de arduas luchas sociales   pueden resultar amenazados sino se fortalece, protege y efectiviza  el derecho a la protesta como arma de disuasión  frente a las arbitrariedades del poder  Estatal.
Para efectos de  advertir la importancia social de la protesta basta pensar en lo que ocurría si nadie protestase en presencia de violaciones a los Derechos Humanos, de la impunidad, de la corrupción, o agresiones a los Derechos  Sociales  por parte de quien debe protegerlos: el Estado.
Por tal razón, protestar aparece así, en nuestra opinión, como el primer derecho y el primer deber que tiene todo ciudadano en un Estado democrático de derecho, a fin de que pueda intervenir en la gestión del bien común en común; afirmando aquellas decisiones  de gobierno que favorezcan las condiciones de vida digna para las grandes mayorías e impugnando aquello que lo restrinja o niegue.
En suma, allí donde la política entendida como la búsqueda del bien común en común  desaparece,  ningún gobierno puede obligar, no debe hacerlo y si lo hace será por nuestro consentimiento.  Sólo tenemos dos caminos,  resignarnos o rebelarnos.  Y la historia nos muestra que “el respeto y la resignación pueden haber llenado el martirologio romano y el cielo; pero sólo el irrespeto y la rebeldía conquistaron la naturaleza y cubrieron de flores el camino de la humanidad” (Gonzales Prada, 2004: 65).

Referencias bibliográficas.
Bunge, Mario (2009). Filosofía política. Solidaridad, cooperación y democracia integral. Barcelona: Gedisa.
Gonzales Prada,  Manuel (2004). Pensamiento y librepensamiento. Caracas: Claves de América.
Stiglitz, Joseph (2012). El precio de la desigualdad. Madrid: Taurus.
Weber, Max (1972). El científico y el político. Madrid: Alianza Editorial.



martes, 5 de mayo de 2015

Archivo, polvo y madeja


Ha pasado casi  un año desde la última vez que escribimos un articulo, así que nuestra pluma pluma (o más bien el teclado) está un poquito  oxidada.

Oxidada también lo está nuestra  salud, con una tos cada vez mas enfermiza  y también oxidado esta el ánimo, ante un suceso  que le pasara a todo aquel que llegue  a ser abogado: la omnipresencia de papeles , copias, documentos, medios probatorios , que se mueven, hablan , gritan, danzan frente al letrado, mientras los sonidos de las ordenes del superior vienen y van.

Siempre hay un mareo inicial al ver esa legendaria torre de papel desordenado, archivada en una gaveta, de hace más de siete años…. ¡Muchos más que lo que la preparación en la U durara¡ Miramos el titulo, vemos las fojas, los cuerpos , los nombres , los actuados , las constancias. ¡Vomitaría sobre todo si no fuera solo una asco inicial¡ Basta una torre legendaria sobre un delito nimio para dejar pensando a uno sobre su carrera , su vida, sus problemas y su porvenir. Aunque sea solo un instante, uno se visualiza llenando papel tras papel el resto de su vida.

Pues ya hubo gente que confió en esos papeles de pesadilla para hacerse justicia, para tratar de recomponer un mundo ante la mirada indiferente de abogados y fiscales.  Al fin la obtuvieron…., o no  y lo único que queda es su recuerdo y esa multitud de copias de copias, de floro y de floro que llamamos expedientes, que se empolvan, crían polilla y asustan a algunos novatos del oficio.

Pensamos todavía en un tiempo anterior, cuando papeles aun mayores y formas aun mas vomitivas llenaban juzgados, despachos y fiscalías, cuando la descomposición y el moho conspiraban con la corrupción y la inercia para dejar que el sistema judicial siguiera siendo la misma vaina de siempre, un burro lento y que cobraba caro la pasada.
Lanzo ahora una arenga: ¿Es posible que en pleno siglo XXI, cuando casi todos están en línea con su celular, su Facebook o Whatsapp, se pueda tolerar la existencia del archivo físico como manera única de administrar justicia?  ¿Dónde está la renovación, la digitalización tan prometida, la agilización del sistema de justicia? ¿Es necesaria tanta formalidad de constancias y re-programaciones cuando lo que quiere uno es que le cumplan  un contrato, le permitan divorciarse  o le inscriban su herencia?
Quizás todo sea una pesadilla breve, un instante de locura  en medio de la cordura, pues los poderes que son están habituados ya al viejo sistema que vieron, comprendieron y manipularon. Mientras que son sus sucesores que se forman en las aulas, que los saludamos todos los días, los que permiten se continúe con este antiguo dinosaurio al que ya quizás  aman o al menos soportan.
“Si no esta roto no lo arregles”, dice un conocido refrán. ¿Pero pueden decir nuestros juristas que nuestro sistema procesal está bien compuesto? ¿Que no es posible vislumbrar algún sistema mejor?
Dicen que en el Peru faltan ideas, pero yo diría que más que ideas falta decisión, decisión de cambiar y mejorar un sistema que en fin sirve, en teoría, para arreglar conflictos y traer la paz social.


Salud a todos los lectores este nuevo mes. El año se pasa volando al tiempo que el polvo se acumula igual que los archivos y la madeja que a estos une….. 

Columna: Más allá de los sentidos
Por: Mijail Aroni

La importancia de no tener razón

En cualquier forma de gobierno se ha de destacar en análisis la relación que existe entre el poder y la razón. Entiéndase poder como la forma en la que se reparte éste entre los miembros de una comunidad (Democracia, por ejemplo, en sentido lato, es el poder del pueblo y monarquía es el gobierno de una sola persona) y razón como la forma en la que ésta comunidad distribuye los derechos y administra justicia (¿Quién tiene razón en el momento de surgimiento de una controversia?). Podemos decir, entonces, que el poder está representado por el gobierno y la razón por la ley.

Gran parte del éxito de las sociedades está en cómo el gobierno administra la ley. Los gobiernos autoritarios tienden a ser imparciales y abusivos en la distribución de derechos, mientras los gobiernos exitosos se centran en administrar los derechos en función de lo que se considera justo o razonable.

La sociedad peruana y, en general, la sociedad latinoamericana, tiene un orden legal sumamente complejo importado del derecho europeo, anclado sobre el derecho constitucional y con raíces profundas en el derecho civil. La división de poderes garantiza que el poder (representado por el ejecutivo democráticamente elegido por el pueblo a través del presidente) no interfiera con la razón (el Poder Judicial –al menos sobre el papel -  es un ente sumamente independiente): Para decirlo de otra forma, una sentencia judicial no puede ni debe responder a lo que los políticos quieran de ella, sino a lo que la ley establezca. Además, es factible decir que el sistema legal importado es uno de los más equilibrados que existen en el mundo, las instituciones jurídicas nacidas en Roma se fundamentan en la igualdad y en el respeto por la dignidad humana.

Pero justamente, el hecho de que nuestra legalidad sea importada, ha hecho que la institucionalidad de ella sea sumamente baja. Los sistemas legales completos no han partido desde el pueblo y eso ha hecho que el pueblo peruano los vea con desconocimiento, desconfianza y, en partes de nuestra historia, con odio.  Esta es una realidad ineludible en un país como el nuestro y es un punto a tomar en cuenta a la hora de hacer análisis políticos y hasta jurídicos. Al fin y al cabo, la razón es un concepto muy discutible y puede decirse que es cultural, que es un pueblo el que establece sus principios morales, sus razones. Viéndolo así, Perú no es un país que haya forjado sus leyes en sus propios principios, en su propia razón; se nos ha querido imponer desde siempre una razón que por más justa que sea, sigue siendo ajena.


En los primeros años como estudiantes de Derecho se nos enseña a valorar la realidad como elemento insoslayable en la formación de la ley. Pero, con el paso de los ciclos, nos acostumbramos a aplicarla sin mediar razonamiento alguno, asumiendo que es completamente válida porque está justificada en los principios morales romanos y condenamos a los que las protestan, les decimos salvajes e irracionales. Nos olvidamos de nuestros primeros años estudiando críticamente el positivismo jurídico. En un país como el nuestro esto no debería ser así, hemos de valorar a los irracionales, escucharlos, entender su subjetividad, replantear nuestra visión de la razón, dejar de tenerla y abrirnos a la autocrítica. Al fin y al cabo, ¿Alguien puede ser poseedor de la verdadera razón?

Por: Diego Napán
Columnista invitado