viernes, 8 de mayo de 2015

En defensa de la protesta



EN DEFENSA DE LA PROTESTA
“Donde irradia un foco de luz, donde se derrumba una preocupación o un error, donde surge algo que sublima el pensamiento y ensancha el corazón, estemos seguros que ahí corrieron sudor y la sangre de algún irrespetuoso y de algún rebelde”.
Manuel Gonzales Prada. Pensamiento y librepensamiento.




Escrito por: Jaime Araujo


¿Cuándo la protesta se justifica? Cuando un gobierno carece de legitimidad política y moral. Por un lado,   un gobierno es políticamente legítimo  si  trabaja por  los intereses por los cuales la población lo eligió. Por otro lado, si gestiona los destinos de un país socavando y atropellando valores y principio tales como: la cooperación, solidaridad, gratuidad, lealtad, etc., sobre los cuales se ha cimentado el ejercicio de la ciudadanía y en consecuencia las relaciones sociales de convivencia, se dice que es moralmente ilegítimo (Bunge, 2009: 344).
Cuando esto sucede, la protesta es una exigencia moral.  Es una alternativa que existe  desde que existe una organización política y el derecho. Podemos decir que se remonta a la edad antigua. El precedente clásico, el caso de Antígona: expresa que los mandatos injustos de la autoridad  carecen de fuerza de obligar. La autoridad  no puede obligar cuando la política y la moral  la deslegitima, porque antes de toda legislación, priman las obligaciones políticas y morales.
Protestar significa  perturbar, cuestionar,  reclamar por algo  que legítimamente nos corresponde, y a la vez, impugnar, rechazar lo que arbitrariamente se nos ofrece  o impone desde el poder  Estatal en complicidad con el 1% de personas que viven gracias a la explotación y miseria de ese otro  99% de ciudadanos (Stiglitz, 2012: 16). Antes de que una autoridad pueda obligar debe ser política y moralmente legítima, es decir debe estar al servicio de los intereses vitales de la población.
En nuestros días,  el ejercicio de la protesta es de  vital importancia para la convivencia social democrática. En razón de que si delegamos la gestión de la educación, salud, economía, la administración de justicia, el “uso de la violencia en el Estado” (Weber, 1972: 839. El deber que nos compete como ciudadanos  es intervenir a través  de la protesta cuando este encargo no responda a los intereses vitales de las grandes mayorías.
Pues de otro modo, todos los derechos históricamente conquistados casi siempre a través de arduas luchas sociales   pueden resultar amenazados sino se fortalece, protege y efectiviza  el derecho a la protesta como arma de disuasión  frente a las arbitrariedades del poder  Estatal.
Para efectos de  advertir la importancia social de la protesta basta pensar en lo que ocurría si nadie protestase en presencia de violaciones a los Derechos Humanos, de la impunidad, de la corrupción, o agresiones a los Derechos  Sociales  por parte de quien debe protegerlos: el Estado.
Por tal razón, protestar aparece así, en nuestra opinión, como el primer derecho y el primer deber que tiene todo ciudadano en un Estado democrático de derecho, a fin de que pueda intervenir en la gestión del bien común en común; afirmando aquellas decisiones  de gobierno que favorezcan las condiciones de vida digna para las grandes mayorías e impugnando aquello que lo restrinja o niegue.
En suma, allí donde la política entendida como la búsqueda del bien común en común  desaparece,  ningún gobierno puede obligar, no debe hacerlo y si lo hace será por nuestro consentimiento.  Sólo tenemos dos caminos,  resignarnos o rebelarnos.  Y la historia nos muestra que “el respeto y la resignación pueden haber llenado el martirologio romano y el cielo; pero sólo el irrespeto y la rebeldía conquistaron la naturaleza y cubrieron de flores el camino de la humanidad” (Gonzales Prada, 2004: 65).

Referencias bibliográficas.
Bunge, Mario (2009). Filosofía política. Solidaridad, cooperación y democracia integral. Barcelona: Gedisa.
Gonzales Prada,  Manuel (2004). Pensamiento y librepensamiento. Caracas: Claves de América.
Stiglitz, Joseph (2012). El precio de la desigualdad. Madrid: Taurus.
Weber, Max (1972). El científico y el político. Madrid: Alianza Editorial.



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