miércoles, 27 de mayo de 2015

El estado de emergencia para el gobierno


Escrito por: Cleyder Gonzalo Ludeña
El gobierno ha decidido sacrificar la vida humana en aras de la mera legalidad y de intereses económicos que no son de todo el país, pariendo la muerte de seis seres humanos.
adanos de Yslay dejándolos expuestos a todas las arbitrariedades que pueden cometerse tras cuatro paredes.

El gobierno ha decidido suspender la libertad de reunión, aunque sea de manera pacífica.
El gobierno ha decidido suspender el derecho a tránsito de las personas, sin permitirles entrar o salir de su propio territorio.

En la práctica el pueblo de Yslay pretende ser amordazado, reducido y sometido a una dictadura parcial, sitiados a un campo de concentración donde serán obligados por su propio ejército a hacer una resistencia con escasos recursos por sesenta días más a los sesenta que ya viene soportando.

El desconocimiento por parte de la población, de los ciudadanos, de los derechos que consagra nuestra Constitución y del valor que tiene ésta, hace que, como en este caso, simples mercaderes de frases y fabricantes de artilugios legales manipulen nuestra Constitución a su antojo y según sus burdos intereses, haciendo parecer que la medida adoptada por el gobierno de turno es bajo un manto de legitimidad, lo cual no es cierto.

La Constitución, que quede claro, no es un instrumento del poder de turno o de intereses particulares. La Constitución es la máxima expresión del poder del pueblo que ha quedado consagrado en el tiempo. El pueblo edificó sus postulados en Asamblea Constituyente de acuerdo a lo que consideró mejor para todos, no para unos cuantos.

La Constitución no está al servicio de la expansión económica y social de los capitalistas, ni de los gobernantes. No olvidemos que la lógica del capitalismo nunca fue ni será la lógica de la dignidad humana.

El gobierno se ha creado en base al poder del pueblo para hacer prevalecer los ideales constitucionales, entre ellos el bien común, el respeto de la vida humana y su dignidad, mas no para contradecirlos. El pueblo tiene el derecho de abolir el gobierno que contradice y denigra los postulados constitucionales

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