En cualquier forma de gobierno se ha de destacar en análisis la relación
que existe entre el poder y la razón. Entiéndase poder como la forma en la que
se reparte éste entre los miembros de una comunidad (Democracia, por ejemplo,
en sentido lato, es el poder del pueblo y monarquía es el gobierno de una sola
persona) y razón como la forma en la que ésta comunidad distribuye los derechos
y administra justicia (¿Quién tiene razón en el momento de surgimiento de una
controversia?). Podemos decir, entonces, que el poder está representado por el
gobierno y la razón por la ley.
Gran parte del éxito de las sociedades está en cómo el gobierno
administra la ley. Los gobiernos autoritarios tienden a ser imparciales y
abusivos en la distribución de derechos, mientras los gobiernos exitosos se
centran en administrar los derechos en función de lo que se considera justo o
razonable.
La sociedad peruana y, en general, la sociedad latinoamericana, tiene un
orden legal sumamente complejo importado del derecho europeo, anclado sobre el
derecho constitucional y con raíces profundas en el derecho civil. La división
de poderes garantiza que el poder (representado por el ejecutivo
democráticamente elegido por el pueblo a través del presidente) no interfiera
con la razón (el Poder Judicial –al menos sobre el papel - es un ente sumamente independiente): Para
decirlo de otra forma, una sentencia judicial no puede ni debe responder a lo
que los políticos quieran de ella, sino a lo que la ley establezca. Además, es
factible decir que el sistema legal importado es uno de los más equilibrados
que existen en el mundo, las instituciones jurídicas nacidas en Roma se
fundamentan en la igualdad y en el respeto por la dignidad humana.
Pero justamente, el hecho de que nuestra legalidad sea importada, ha
hecho que la institucionalidad de ella sea sumamente baja. Los sistemas legales
completos no han partido desde el pueblo y eso ha hecho que el pueblo peruano
los vea con desconocimiento, desconfianza y, en partes de nuestra historia, con
odio. Esta es una realidad ineludible en
un país como el nuestro y es un punto a tomar en cuenta a la hora de hacer
análisis políticos y hasta jurídicos. Al fin y al cabo, la razón es un concepto
muy discutible y puede decirse que es cultural, que es un pueblo el que
establece sus principios morales, sus razones. Viéndolo así, Perú no es un país
que haya forjado sus leyes en sus propios principios, en su propia razón; se
nos ha querido imponer desde siempre una razón que por más justa que sea, sigue
siendo ajena.
En los primeros años como estudiantes de Derecho se nos enseña a valorar
la realidad como elemento insoslayable en la formación de la ley. Pero, con el
paso de los ciclos, nos acostumbramos a aplicarla sin mediar razonamiento
alguno, asumiendo que es completamente válida porque está justificada en los
principios morales romanos y condenamos a los que las protestan, les decimos
salvajes e irracionales. Nos olvidamos de nuestros primeros años estudiando
críticamente el positivismo jurídico. En un país como el nuestro esto no
debería ser así, hemos de valorar a los irracionales, escucharlos, entender su
subjetividad, replantear nuestra visión de la razón, dejar de tenerla y
abrirnos a la autocrítica. Al fin y al cabo, ¿Alguien puede ser poseedor de la
verdadera razón?
Por: Diego Napán
Columnista invitado
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